Una juez condena al Ayuntamiento de Alicante por trato de favor a Ortiz en una contrata

EL PAÍS - Alicante - 06/06/2007

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16 de abril en la que condena al Ayuntamiento de Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio que dejó de ganar después de que el Consistorio concediera de forma “injusta” un contrato a Enrique Ortiz. El contrato en cuestión adjudicaba el servicio de la limpieza y mantenimiento del Cementerio, así como la ejecución de las actividades funerarias por un importe de 765.000 euros para dos años, y recibió luz verde en la Junta Local del Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005, según informó ayer el periódico La Verdad.

La sentencia lamenta la “arbitrariedad y violación” de principios básicos

A dicho concurso se presentó Enrique Ortiz y una UTE formada por Secopsa Servicios y Contratas Prieto. La concejal socialista, Antonia Graells, en aquella ocasión denunció “irregularidades” en los criterios de baremación, ya que no se otorgó a la oferta más económica, según recordó ayer la edil.

La juez, en la sentencia, se muestra muy crítica con la actuación del jefe del área de Servicios y Mantenimientos del Ayuntamiento, Pablo Suárez y de sus colaboradores. “Es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de Prieto”, menciona en la sentencia la juez, que también asegura que “da la impresión de que el resto de las puntuaciones exageradamente bajas concedidas a Prieto (…) son evidentemente tendenciosas con el objeto de favorecer a Ortiz, desde el momento en que en ningún momento lo justifica con todo detalle”.

La magistrada estima la demanda interpuesta por una de las mercantiles perjudicada en el concurso y considera que perdió el contrato porque el informe municipal “incidió en arbitrariedad, desviación de poder y violación de los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia que deberían haber regido la licitación”.

La sentencia condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a las dos empresas que optaban conjuntamente al contrato el beneficio que han dejado de percibir, cuantificado en un 6% correspondiente al beneficio industrial de todas las certificaciones facturadas por la mercantil de Enrique Ortiz por los trabajos realizados en la ejecución del contrato.

La sentencia fue comunicada al Ayuntamiento de Alicante el pasado 24 de abril y éste puede presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ayer ningún responsable municipal del PP quiso valorar la sentencia. Por su lado, el responsable de comunicación en la ejecutiva del PSPV-PSOE en Alicante, Lalo Díez, lamentó esta nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Alicante y que “los ciudadanos tengan que pagar por ello”. Díez también advirtió de la posibilidad de que una parte de las empresas que “vean lesionados sus intereses” recurran ahora a la vía judicial.

La sentencia vuelve a poner de actualidad el presunto trato de favor del alcalde de Alicante hacia el empresario Enrique Ortiz, imputado junto al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en el proceso judicial sobre el sobrecoste en la construcción de dos aparcamientos en Alicante. Enrique Ortiz planea también ejecutar el mayor plan urbanístico en la ciudad de Alicante al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que es el Plan Rabassa, con la construcción de 15.000 viviendas sobre una parcela de 1.200.000 metros cuadrados.