D. MARTÍNEZ. ALICANTE.
Cuando el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se jactó en un acto de partido con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, de que la de imputado es su «condición natural» como candidato a la reelección -declaraciones que escandalizaron a la oposición municipal-, no le faltaba razón.
El alcalde, salvo sorpresa mayúscula, concurrirá en mayo con dos imputaciones a sus espaldas. La primera, además, la arrastra desde los anteriores comicios. Alperi fue imputado en el «caso Mercalicante» -un desfalco de 900.000 euros en la sociedad mixta alimentaria, de la que el Tribunal de Cuentas culpa exclusivamente a su ex gerente- tras una querella del PSPV, en la primavera de 2003. Es decir, dos meses antes de las últimas elecciones en las que se impuso.
Cuatro años después, tras sucesivos paréntesis y reanudaciones en las diligencias previas que se instruyen todavía en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital alicantina, el alcalde sigue imputado.
El Fiscal General del Estado (FGE), Cándido Conde Pumpido, solicitó en 2005 al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que investigase personalmente la relación del munícipe con el caso. Éste, por su parte, ya anunció que mantendría su acusación contra Alperi hasta el final de las diligencias -pese a que ya se ha condenado al ex gerente, y la actual instrucción trata de determinar la implicación de otros denunciados-.
El pasado verano, como consecuencia de una denuncia presentada por la formación de nueva creación Vecinos por Alicante, liderada por el sindicalista José Luis Valdés -que ha hecho del acoso judicial al alcalde su principal acción política-, el fiscal denunció de nuevo a Alperi por cinco presuntos delitos en la ampliación de una concesión municipal a Enrique Ortiz, denunciado también junto a dos de sus empleados, un técnico municipal y dos concejales del equipo de gobierno local.
Así, Alperi llegará a las urnas imputado en dos causas que suman seis presuntos delitos, gracias al celo del FGE, cuyo interés en investigar cargos populares se instrumentaliza en Alicante a través de Briones.
Dos años en Torrevieja
El de Alicante no es el único alcalde popular con dilatadas causas judiciales a cuestas. El primer edil de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo -que se enfrenta a su quinta reelección- sigue imputado tras dos años de instrucción por una operación de compra-venta particular.
Hernández Mateo fue denunciado por EU en abril de 2005 por un supuesto uso de información privilegiada. El alcalde torrevejense había vendido a una empresa, como particular, un terreno que había adquirido años antes a otra familia en el término municipal de Almoradí -es decir, fuera de Torrevieja-. El PSPV se adhirió posteriormente a la denuncia -con «pruebas» que el alcalde demostró, durante su declaración ante el juez, que habían sido alteradas-.
Hernández Mateo declaró en la Audiencia Provincial de Alicante en octubre del mismo año, tras denunciarle el fiscal Anticorrupción a los dos meses de recibir la querella de EU. El alcalde aportó toda la documentación solicitada e instó al magistrado a acelerar los trámites. Sin embargo, tras dos años de instrucción -y de ausencia de nuevas diligencias desde su citación-, su condición de imputado se mantiene.
El munícipe salinero podría todavía concurrir, al igual que Alperi, con dos imputaciones. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, Juana López, lo acusó de prevaricación a principios de año tras una denuncia del PSPV, por el recurso al reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar a los proveederores del Consistorio.
Sin embargo, la juez archivó la denuncia el mismo día que tomó declaración al alcalde, el 15 de marzo, al admitir que el uso de este procedimiento -pagar cantidades no consignadas en los presupuestos para gastos imprevistos- está reconocido. El PSPV torrevejense, tras personarse en el proceso, recurriró el sobreseimiento provisional, al igual que el fiscal, aunque la juez aún no se ha pronunciado.
Medina, acosado
A estas dos causas todavía cabe sumar la, a juicio de los imputados, injustificada dilación de las diligencias previas por las supuestas torturas de la Policía Local, por las que están imputados también dos miembros del equipo de gobierno.
Las diligencias se abrieron de oficio en agosto de 2006, en el juzgado número 2 de la localidad, aunque coincidían con otras abiertas en el número 1 tras una denuncia del supuesto agredido. Tras casi nueve meses de instrucción y varias pruebas y declaraciones que exculpan, en principio, a los dos concejales, la juez mantiene las imputaciones. Tanto Hernández Mateo como los agentes consideran que las diligencias se prolongarán, al menos, «hasta después de las elecciones».
El triángulo de bastiones populares donde la Justicia llena el discurso político de la oposición se completa con Orihuela. El alcalde, José Manuel Medina, que al contrario que Alperi y Hernández Mateo no repetirá como candidato, sigue imputado en dieciséis causas por cerca de una treintena de delitos económicos, supuestamente cometidos a lo largo de la última legislatura.
Medina, imputado desde hace más de un año, también «mereció» que Conde Pumpido solicitara a Briones una exhaustiva investigación, antes de trascender que no repetiría como candidato.
Fabra y Tarazona
Sin embargo, el caso paradigmático de acoso judicial a un cargo popular es el del presidente de la Diputación de Castellón. Carlos Fabra ha pasado imputado prácticamente toda la legislatura, después de que un empresario -condenado luego por violación, robo, secuestro y amenazas- le denunciase en 2003 por los presuntos delitos de falsedad documental, fraude y contra la Administración.
El PSOE ha intentado que la instrucción contra Fabra salpicase al PP a escala nacional, dado que el juez citó como testigos a varios ex ministros para dilucidar el supuesto delito administrativo.
Por último, el alcalde popular de la localidad valenciana de Ribaroja, Francisco Tarazona, ha sido imputado en dos causas. En la primera, por beneficiar supuestamente a su familia en una actuación urbanística -el plan de Porxinos-. En la segunda, hace sólo un mes, por exigir supuestamente pagos a los promotores para aprobar actuaciones. Tarazona asegura que se trata de donativos y que el PSPV ha orquestado una campaña para ganar las elecciones.
Archivos
En cambio, mientras los populares se quejan de la falta de diligencia en las causas que les afectan, especialmente en la provincia de Alicante, en el PSPV se celebra cada nuevo archivo por la premura con que actúan los fiscales.
Dos casos paradigmáticos ilustran la citada diligencia: la investigación a la supuesta financiación irregular de los socialistas valencianos y la denuncia de un arquitecto contra el alcalde de Elche, Diego Maciá, por beneficiar supuestamente a su familia en una operación urbanística. En el primer caso, la denuncia se archivó en cuatro meses. En el segundo, en tan solo dos, sin que el fiscal al que correspondió en reparto -el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, decidió que las denuncias presentadas a Anticorrupción pasasen un filtro para no sobrecargar a Briones- practicase ninguna diligencia.
Mientras Briones, a quien Romero consideró «saturado» cuando empezaron a llegar denuncias contra el PSPV, insiste en acusar a Alperi pese a haber sido exculpado por el Tribunal de Cuentas, y se persona contra cada alcalde del PP imputado en la provincia, la Fiscalía alicantina ha cortado todas las denuncias contra cargos socialistas en cuestión de meses.
La Asociación Profesional de Abogados y Juristas, presidida por Enrique Fliquete, denunció ante el fiscal jefe de Valencia, Ricard Cabedo -casado con la diputada nacional socialista Juana Serna-, a los responsables de Blanquerías encargados de las cuentas del PSPV, por presunta financiación irregular. La denuncia de Fliquete se basó en gran medida en las declaraciones del portavoz socialista en Orihuela, Francisco García Ortuño, en las que acusó a su ex partido de exigir donaciones entre los empresarios de la comarca.
«Mendacidad»
Cabedo remitió la denuncia a la Fiscalía de Alicante, y Romero limitó sus pesquisas a Orihuela, con diversas citaciones. Llegado el momento de hacer declarar a los diputados autonómicos denunciados, con condición de aforados. devolvió la denuncia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, y Cabedo la archivó. En total, transcurrieron algo más de cuatro meses, desde abril a agosto de 2006.
En el caso de Maciá la premura fue aún mayor. De los seis meses de que dispone el Ministerio Fiscal desde que recibe una denuncia hasta que debe formular su acusación ante el Decanato u optar por el archivo, sólo transcurrieron dos. Periodo en el que, además, no se practicó ninguna diligencia.
Un arquitecto denunció al alcalde de Elche y presidente del PSPV por presunto uso de información privilegiada para beneficiar a su familia, en la compra de una parcela cercana a un futuro centro comercial. La denuncia, que se presentó ante la Fiscalía de Alicante, fue archivada a finales de enero -tras presentarse a finales de noviembre-. El fiscal se limitó a analizar el relato de hechos, y destacó la «mendacidad» del denunciante y sus «conjeturas».
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