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Recalificaron un paraje natural para construir una urbanización

El Plural F.M. MARTÍNEZ/VEGAMEDIAPRESS

El titular del juzgado de Instrucción número tres de Murcia, el magistrado Antonio Alcázar Fajardo, ha decretado la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, sobre el caso de corrupción urbanística en el paraje natural protegido de La Zerrichera, en el municipio costero de Águilas. En la querella están imputados cinco altos cargos pertenecientes a dos consejerías del gobierno autonómico murciano de Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular, así como el alcalde de Águilas y un ex concejal de este ayuntamiento, ambos también del Partido Popular. Los querellados están imputados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.

En el reparto del pasado 14 marzo, el decano de los juzgados murcianos, José Moreno Hellín, y la secretaria decana, Concepción Parra Martínez, decidieron que fuera el juzgado número tres de la capital el encargado de la instrucción del sumario de este caso de corrupción urbanística, después de que el magistrado Juan Alcázar, titular del juzgado de Instrucción número tres del partido judicial de Lorca, al que pertenece el municipio de Águilas, se inhibiera en un auto a favor de la jurisdicción territorial murciana, ya que el delito más grave imputado en la querella, la falsedad documental del artículo 390 del Código Penal, se habría presuntamente cometido en la capital, sede del gobierno regional presidido por el popular Ramón Luis Valcárcel, quien se presenta a su cuarto mandato en las próximas elecciones autonómicas del 27 de mayo.

El alcalde imputado, de nuevo cabeza de lista
En esta querella criminal están imputados la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el jefe del Servicio de Calidad Ambiental de y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López. Ramírez ha sido avalado por el propio Valcárcel para encabezar de nuevo la candidatura a la alcaldía de Águilas en las elecciones municipales de mayo.

La querella presentada por el Ministerio Público había sido presentada previamente en los juzgados lorquinos el pasado 23 de febrero, al cumplirse el año reglamentario de la investigación que llevó a cabo por la recalificación del paraje de La Zerrichera, protegida como LIC y ZEPA, para construir una macro urbanización, tras las denuncias presentadas por el PSOE, Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación. Según el auto, la aceptación de la querella se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.

Protegido del Gobierno murciano
La Zerrichera es un proyecto urbanístico del grupo inmobiliario Hispania, que preside Trinitario Casanova Abadía, amigo personal del consejero Joaquín Bascuñana, y que ya originó la salida del gobierno de Valcárcel, del consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués El empresario Casanova también es propietario de una serie de cabeceras de periódicos locales en la región, algunos de ellos gratuitos, como El Faro y Crónica del Sureste. También el gobierno del Partido Popular de Valcárcel le otorgó la gestión, incluídos los Servicios Informativos, de la televisión autonómica, puesta en funcionamiento con gran premura hace menos de un año, La 7, ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales. También el grupo Hispania interviene en otra operación urbanística en el centro de la ciudad de Murcia, en donde el presidente Valcárcel y otros altos cargos del PP se han hecho con grandes pisos de lujo.

4.000 viviendas y campo de golf
El plan urbanístico de La Zererichera pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en un paraje con protección ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Reacción del PP
Tras conocerse la resolución judicial, el portavoz del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que “la justicia se pronuncie cuantos antes para que no haya ningún atisbo de duda sobre cualquier labor que desarrolle un responsable político y público”. También ha solicitado que “no haya intromisiones ni presiones de ningún tipo hacia el normal funcionamiento de la justicia”, y que “todos los cargos públicos de este partido siempre han facilitado el trabajo de la justicia”. Sin embargo, el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, de la asociación progresista de fiscales, ha estado sufriendo acusaciones de perseguir al Partido Popular por parte del gobierno de Valcárcel, quien ahora ha fichado para su candidatura a las autonómicas al fiscal Manuel Campos, de la asociación conservadora, que se enfrentó a López Bernal en la candidatura a la jefatura de la fiscalía murciana.

Beneficio de 75 millones de euros
Para ANSE, el proyecto de La Zerrichera aún no ha sido anulado por el Gobierno de Valcárcel, cuando éste lo había prometido. El PSOE se pregunta si “no es un trato de favor” que el consejero Joaquín Bascuñana le aprobara a su amigo Trinitario Casanova la reclasificación de La Zerrichera que le aportó un beneficio de 75 millones de euros. El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha afirmado que Bascuñana “es pieza fundamental en La Zerrichera”, porque es el que aprueba definitivamente la reclasificación urbanística. Ha añadido que tanto este consejero, como su presidente, Ramón Luis Valcárcel “rompieron la línea de lo público y lo privado”. También ha dicho que Bascuñana mintió al decir que todos los informes eran favorables, cuando son contrarios a esta reclasificación urbanística, y que “forzó” el único que era favorable.