JOSÉ PRECEDO - Santiago - 08/10/2007
El País

Dos grabaciones de voz autorizadas por una juez de Vigo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que la promotora Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, percibió distintas cantidades en dinero negro -20.400 euros de un comprador y 24.265 de otro- a cambio de venderles viviendas protegidas. Las cintas evidencian además las amenazas de los intermediarios a los clientes. “Si no pagas este mes, olvídate del piso”, advierte uno de los mediadores que también percibió 8.000 euros por la venta.

“Si no tienes el dinero, pídele a los suegros a los amigos, la familia está para ayudar”

“Voy yo contigo a Pontevedra a entregar el dinero ‘B’, a ti no te conocen de nada”

Las 24 denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo presentadas por clientes de la promotora Construcuatro se acompañan de una potente carga documental. La juez tiene la transcripción de dos conversaciones, grabadas bajo su consentimiento, que corroboran que la mayor parte del dinero negro cobrado a los compradores iba a la empresa en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y de la que posee el 33% de las acciones. El intermediario exige sobreprecios de entre 20.000 y 32.000 euros. En este último caso, explica que 24.000 euros eran para la promotora y 8.000 para él. Lo que sigue es el extracto de una de las conversaciones, entre P. T., el mediador, y uno de los compradores.

P. T. Esto corre prisa.

C. Ya, pero el del banco me dijo que este mes no se puede.

P. T. Si no puede ser este mes, luego olvídate del piso.

C. Son ellos, se me dijo que no se podía escriturar este mes.

P. T. Espera, vamos a ver deja de escriturar. Una cosa es escriturar y otra cosa es lo que hay que hacer ahora. ¿Tú sabes lo que hay que hacer ahora?

C. Sí, supongo que entregar la pasta.

P. T. No es entregar la pasta solamente. Mira lo que hay que hacer es el contrato reserva y el contrato compraventa. (…) Mira, este es el precio del piso, lo que pueden dar de hipoteca más o menos, y queda esto, mil euros para la reserva y 2.400 en la firma de la compraventa.

C. ¿Y los 21.000 euros del B, los entregamos en Pontevedra?

P. T. Sí, los del B en Pontevedra. Eso voy yo contigo, tú no conoces, ni te conoce nadie.

C. Déjame un papel, quiero hacer una anotación.

P. T. Mira aquí tienes, qué datos quieres, este es el número de cuenta de Construcuatro en… [cita el nombre de una entidad bancaria y a continuación dicta los dígitos de la cuenta].

C. Vale. Este es de Construcuatro.

P. T. Sí, es de Construcuatro. Es donde hay que ingresar los 20.400 euros.

C. ¿Cómo hacemos la semana que viene? ¿Quedamos para ir a Pontevedra [a la sede de Construcuatro]?

P. T. Sí, yo voy a ir con mi hijo el martes.

C. Yo el martes no tendré la disponibilidad del dinero.

P. T. Si no tienes el dinero, ese día se puede hacer el contrato reserva con 1.000 euros. Y después ya se le entrega lo otro.

C. Estoy apurado de dinero.

P. T. Ya, tú y todos. Mi hijo también y tiene una cuenta de ahorro vivienda.

C. Si hubiera sabido antes lo de los 21.000 euros hubiera actuado de otra manera.

P. T. El problema del dinero es el problema de todos, lo tienes tú, mi hijo, el otro…

C. Yo el problema lo tengo cuando de un día para otro me dicen que hay que sacar de debajo de las piedras 22.000 euros. Yo cobro una nómina.

P. T. Tendrás que pedirlo.

C. Voy a ir al banco ahora.

P. T. No le hables del dinero en B para nada.

C. No, yo no le hablo del dinero en B, yo le digo que necesito ese dinero.

P. T. A ver si se puede arreglar la hipoteca. El asunto es el dinero B, sabes cuánto paga mi hijo en dinero B: 30.000 euros.

C. Es una barbaridad.

P. T. Sube 2.000 euros por cada altura. Ya te dije que los pisos iban a subir.

C. Me decías que iban a subir pero no de esta manera.

P. T. Hay un dinero que subió pero es baratísimo. Ayer estuve viendo otros de 35 millones y dos habitaciones.

C. Si eso ya lo hablamos.

P. T. Pues hay que molestar a los amigos y a los suegros, la familia está para ayudar.

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¿Que es esto?

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NEUS GÓMEZ - Calp - 08/10/2007
El País

El PP de Calp, en el Gobierno municipal en la pasada legislatura, perdonó al empresario al que le adjudicó la urbanización del polígono industrial Pou Roig la fianza económica que marca la ley para estos proyectos, y que superaría los 269.000 euros. En el expediente del Ayuntamiento sobre el proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, no consta la preceptiva fianza. El promotor es el mismo que construye un hotel a seis metros del mar en Calp, cuyas obras el Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que se paralicen al considerarlo ilegal.

La extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), vigente en el momento de la adjudicación, marcaba en su artículo 29.8 la constitución de una fianza en los proyectos de urbanización con el fin de garantizar “que todo programa asegure el cumplimiento de sus previsiones”. Según esta ley, por tanto, las promotoras Ifach mar, SL, y Cala Ifach, SL, ambas propiedad de Manuel Ferrando, debían haber formalizado un depósito por un importe del 7% del coste de la urbanización previsto para el desarrollo del polígono industrial calpino. El importe total del proyecto queda reflejado en el expediente municipal y supera los 6,5 millones de euros, por lo que la fianza que debería tener depositada el consistorio superaría los 269.000 euros o en su caso, la presentación de aval bancario. Fuentes legales subrayan que esta forma de actuación supone una “irregularidad” en el procedimiento. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión sobre este tema del promotor Manuel Ferrando y del Grupo Popular de Calp.

El actual equipo de Gobierno, del PSPV, desconocía hasta estos días la ausencia de fianza, sobre todo porque los técnicos municipales no habían señalado ninguna irregularidad en dicho expediente. Ahora, el alcalde, Luis Serna, pretende seguir adelante con el polígono industrial, al considerarlo “imprescindible para el motor económico de Calp este proyecto”, aunque intentará reiniciar el expediente debido a las numerosas deficiencias que contempla, expone Serna. Esta vez, el expediente se tramitaría conforme a la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV).

No es la primera vez que el Grupo Popular calpino desoye la ley con respecto al polígono industrial. El pasado abril, el todavía alcalde Javier Morató sacó a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial, que tenía paralizado desde hacía diez años. El proyecto que presentaba el PP ignoraba una sentencia del TSJ de 2002 contra el Consistorio en la que se indicaba que el proyecto que debía ejecutarse era otro diferente al que exponía el grupo de Gobierno. Este nuevo proyecto, que no había pasado el trámite de concurso público, corregía el trazado al que obligaba la sentencia del TSJ, según técnicos municipales. En concreto, señalan, “había viales desplazados del trazado original y diversas consideraciones que no tenían justificación para haber sido modificadas”.
Una polémica de diez años

La polémica del polígono industrial Pou Roig arrancó hace diez años con la adjudicación del proyecto a una empresa escogida por el alcalde, recién constituida y que sólo disponía de 3.000 euros de capital social. Tras conocerse esta noticia, los propietarios del suelo en el que iba a ubicarse el futuro polígono recurrieron en el juzgado la decisión municipal amparándose en la extinta LRAU, ley que regulaba el uso del suelo.

Los propietarios presentaron un nuevo proyecto que, finalmente, validó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Los propietarios que tomaron esta iniciativa denunciaban que el alcalde “había adjudicado a una empresa fantasma el proyecto sin acreditar solvencia técnica ni financiera”.

Fue en ese momento cuando el promotor Manuel Ferrando resolvió la situación al comprar los derechos de adjudicación de las obras a la empresa apoyada por el alcalde inicialmente, y pagó a los propietarios que interpusieron la demanda contra el Ayuntamiento para quedarse con el proyecto del polígono y con la mitad del suelo en el que está previsto que se ubique esta instalación industrial.

El proyecto, sin embargo, siguió aparcado hasta un mes antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, cuando el PP sacó a exposición pública el proyecto de polígono industrial modificado, desoyendo el pronunciamiento del TSJ.

La Fiscalía de Alicante ha remitido al juzgado una denuncia contra el alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez, del PP, y los ediles de la comisión de gobierno del anterior mandato por un supuesto delito de prevariación derivado de la aprobación de un convenio urbanístico con los informes en contra de los técnicos de la corporación. El ministerio público “aprecia indicios de delitos” en la iniciativa. Sáez revalidó el cargo de alcalde el pasado 27 de mayo con mayoría absoluta.

La denuncia fue presentada el 30 de abril por la asociación de vecinos San Miguel Arcángel tras la ratificación del acuerdo en el pleno. En esa fecha, el Consistorio autorizó un convenio urbanístico con la mercantil Villamartín para urbanizar el sector denominado Entrenaranjos. El proyecto contempla urbanizar un total de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico, ubicados al sur del término. Sin embargo, el acuerdo contó los informes en contra de los técnicos municipales, en concreto del asesor de Urbanismo y el secretario de la corporación. Los funcionarios mantienen que el plan parcial y su correspondiente recalificación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento pendiente de su aprobación definitiva.

Fuentes policiales informaron a Efe de que los arrestados han pasado la noche en la Comisaría Provincial de Málaga y han sido conducidos a primera hora de la mañana a los juzgados de Coín.

El titular del Juzgado número 2 de Coín decretó ayer la puesta en libertad con cargos de los otros catorce detenidos en la segunda fase de la ‘operación Troya’, ocho de ellos bajo fianza de entre 25.000 y 50.000 euros.

El juez impuso cuatro fianzas de 50.000 euros, tres de 25.000 y una de 30.000 y no fijó ninguna cantidad para los otros seis empresarios, aunque imputa a todos ellos los delitos de cohecho e inducción a la prevaricación urbanística.

Los arrestados fueron abandonando las dependencias judiciales durante toda la jornada en compañía de sus allegados y arropados por más de un centenar de familiares y vecinos de Alhaurín el Grande que le esperaban a la salida.

También estuvo toda el día a las puertas de los juzgados de Coín el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), quien consideró las fianzas ‘desorbitadas, como todo lo que está pasando’ y reiteró que son inocentes y honrados ‘y se irá demostrando poco a poco’.

A su salida, todos fueron recibidos entre aplausos del centenar de personas que se congregaba en los alrededores y que gritaban ‘no estáis solos’ y portaban pancartas con el lema ‘Alhaurín honrado’.

En la primera fase de esta operación fueron arrestados el pasado 18 de enero el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, quienes quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros un día después y están acusados de prevaricación y cohecho.

SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 20/06/2007
El país

El aforamiento del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a raíz de su elección como diputado autonómico ha acarreado su primera consecuencia en el plano jurídico. El juez que investiga un supuesto trato de favor del regidor al contratista Enrique Ortiz ha iniciado el trámite para enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Alperi está además imputado en el desfalco de Mercalicante, caso que también irá al TSJ. La causa al alcalde de Torrevieja y diputado regional, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por la venta de una finca correrá la misma suerte judicial.

Archivada la denuncia por dar a dos técnicos sin contrato la revisión del PGOU de Alicante

El titular del Juzgado número 8 de Alicante, que dirige la investigación por la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz ha solicitado a las Cortes Valencianas que emita un certificado oficial sobre la condición de diputado autonómico del regidor, según confirmaron ayer fuentes oficiales del TSJ.

La inhibición del juez en favor del TSJ supone el inicio de la instrucción del sumario, cuyas diligencias comenzaron en septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El ministerio público apreció los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros, en el modificado al alza del contrato inicial de los tres aparcamientos. Aparte del alcalde, hay otros cinco imputados, entre ellos, dos ediles más del PP, un funcionario, el empresario Enrique Ortiz y el jefe de división del grupo de empresas del promotor.

El juez instructor ya había tomado declaración a los seis, a los testigos propuestos por las partes y practicado diversas pruebas periciales.

Aparte de esa causa, Díaz Alperi también está imputado en el sumario por el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante, presidida por el regidor. La instrucción de esta causa, que dirige la titular del Juzgado número 1 de Alicante, Cristina Costa, se prolonga ya por espacio de cinco años. Este sumario, igualmente debido a la condición de diputado autonómico del imputado Luis Díaz Alperi también deberá remitirse al TSJ. No obstante ni de oficio ni a instancia de parte se ha producido ninguna incitativa para iniciar la inhibición en favor del TSJ, según informaron las mismas fuentes. La acusación pública en este caso la ejerce también el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Otro cargo público del PP imputado, cuya causa correrá la misma suerte judicial que la de Luis Díaz Alperi es el del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, también elegido diputado autonómico. El regidor de Torrevieja está imputado por un supuesto delito de uso privilegiado de información y tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca rústica que en el espacio de dos años le reportó una plusvalía de 5,3 millones de euros.

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el partido Vecinos por Alicante contra el alcalde Díaz Alperi por supuesta revelación de secretos derivada de dejar en manos de dos arquitectos, sin contrato y ajenos la Corporación, los trabajos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El fiscal-jefe, José Antonio Romero, señaló que “no hay indicios de delitos, ya que esos técnicos no han tenido acceso a ningún dato que no fuera de dominio público”, precisó. Díaz Alperi tomó esta decisión tras despedir al redactor inicial del plan, el arquitecto Lluís Cantallops.

La Fiscalía de Alicante también ha archivado la denuncia del ex alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez, contra el Consell por supuesta apropiación de información para justificar la intervención del PGOU del municipio.

L. R. AIZPEOLEA - Madrid - 18/06/2007
El País

La lucha contra la corrupción será uno de los objetivos prioritarios de los nuevos ayuntamientos que se constituyeron el pasado sábado. El Gobierno quiere facilitar los instrumentos legales para que ese empeño sea más eficaz. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, retomará esta misma semana las conversaciones con los partidos para aprobar antes de que acabe la legislatura la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. En su intento anterior, la crispación política le hizo desistir. Esta ley, junto con la recién estrenada Ley del Suelo, ofrecerá mecanismos de democratización municipal y medidas directas contra la corrupción. El ministro planteará propuestas para garantizar la financiación local, cuya insuficiencia ha abierto paso a las irregularidades.

Una vez pasadas las elecciones municipales y constituidos los nuevos ayuntamientos, el ministro de Administraciones Públicas se reunirá esta semana con la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes de los partidos para tratar de sacar adelante, en lo que queda de legislatura, la reforma de Ley de Bases de Régimen Local, aparcada desde fines de año, en el arranque en el periodo preelectoral.

El primer problema de los ayuntamientos es su insuficiencia financiera, origen de numerosas irregularidades urbanísticas. Son numerosos los casos y han afectado a municipios como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx. En estas y otras localidades, empresarios de la construcción y la promoción inmobiliaria han pagado comisiones a miembros de los equipos municipales a cambio de tratos de favor.

Sevilla pretende, en la renegociación de la Ley de Bases con los partidos y la FEMP, introducir una cláusula específica que garantice la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas. “Los ayuntamientos quieren que su financiación esté regulada por una ley del Estado y no depender de la voluntad de las comunidades autónomas”, señala Sevilla.

Paralelamente, con motivo de la inminente negociación de la financiación autonómica entre todas las comunidades, Administraciones Públicas también pretende que la consiguiente reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recoja y precise esta participación municipal en la ley de financiación autonómica. El ministro planteó la propuesta en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la pasada semana y fue tenida en cuenta por el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

La participación municipal en los ingresos de las comunidades se justifica en que el 30% del gasto de las corporaciones corresponde al ejercicio de competencias propias de las comunidades, que en la práctica se ven obligados a ejercer los ayuntamientos. Sevilla está convencido de que su interlocutora del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldará la propuesta, ya que coincide con la “segunda descentralización” -de las comunidades autónomas a los municipios- que en 2002 planteó José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

Además de garantizar la financiación a los ayuntamientos, Sevilla concede especial importancia, como instrumentos en la lucha contra la corrupción, a las medidas de democratización municipal y de control del poder, que recogerá la nueva ley, y que se complementarán con las de la Ley del Suelo, recién aprobada y que entrará en vigor a finales de mes. Los nuevos ayuntamientos contarán con estos instrumentos.

Así, la ley endurece las incompatibilidades de los concejales y las iguala a las de los miembros de las Administraciones central y autonómica. Los ediles, tras su cese, no podrán desempeñar durante dos años sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. De este modo, se evitarían casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, del PP, que al cesar en su cargo fichó a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Herráez, a pesar de su polémica decisión, no conculcó la ley al no existir una legislación de incompatibilidades que afecte a los concejales.

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16 de abril en la que condena al Ayuntamiento de Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio que dejó de ganar después de que el Consistorio concediera de forma “injusta” un contrato a Enrique Ortiz. El contrato en cuestión adjudicaba el servicio de la limpieza y mantenimiento del Cementerio, así como la ejecución de las actividades funerarias por un importe de 765.000 euros para dos años, y recibió luz verde en la Junta Local del Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005, según informó ayer el periódico La Verdad.

La sentencia lamenta la “arbitrariedad y violación” de principios básicos

A dicho concurso se presentó Enrique Ortiz y una UTE formada por Secopsa Servicios y Contratas Prieto. La concejal socialista, Antonia Graells, en aquella ocasión denunció “irregularidades” en los criterios de baremación, ya que no se otorgó a la oferta más económica, según recordó ayer la edil.

La juez, en la sentencia, se muestra muy crítica con la actuación del jefe del área de Servicios y Mantenimientos del Ayuntamiento, Pablo Suárez y de sus colaboradores. “Es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de Prieto”, menciona en la sentencia la juez, que también asegura que “da la impresión de que el resto de las puntuaciones exageradamente bajas concedidas a Prieto (…) son evidentemente tendenciosas con el objeto de favorecer a Ortiz, desde el momento en que en ningún momento lo justifica con todo detalle”.

La magistrada estima la demanda interpuesta por una de las mercantiles perjudicada en el concurso y considera que perdió el contrato porque el informe municipal “incidió en arbitrariedad, desviación de poder y violación de los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia que deberían haber regido la licitación”.

La sentencia condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a las dos empresas que optaban conjuntamente al contrato el beneficio que han dejado de percibir, cuantificado en un 6% correspondiente al beneficio industrial de todas las certificaciones facturadas por la mercantil de Enrique Ortiz por los trabajos realizados en la ejecución del contrato.

La sentencia fue comunicada al Ayuntamiento de Alicante el pasado 24 de abril y éste puede presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ayer ningún responsable municipal del PP quiso valorar la sentencia. Por su lado, el responsable de comunicación en la ejecutiva del PSPV-PSOE en Alicante, Lalo Díez, lamentó esta nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Alicante y que “los ciudadanos tengan que pagar por ello”. Díez también advirtió de la posibilidad de que una parte de las empresas que “vean lesionados sus intereses” recurran ahora a la vía judicial.

La sentencia vuelve a poner de actualidad el presunto trato de favor del alcalde de Alicante hacia el empresario Enrique Ortiz, imputado junto al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en el proceso judicial sobre el sobrecoste en la construcción de dos aparcamientos en Alicante. Enrique Ortiz planea también ejecutar el mayor plan urbanístico en la ciudad de Alicante al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que es el Plan Rabassa, con la construcción de 15.000 viviendas sobre una parcela de 1.200.000 metros cuadrados.

SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 05/06/2007
El País

El presunto soborno a concejales por la contrata de la basura de Orihuela, ayudas económicas a partidos de este municipio para la campaña y un posible cohecho por las adjudicaciones del plan zonal de residuos sólidos de la Vega Baja, dependiente de la Diputación de Alicante, son los asuntos centrales de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante activada a raíz de una cinta que revelaba supuestos pagos ilegales por el contrato de la basura. Por estos hechos, la juez ha encarcelado por extorsión al cabecilla de la red, el industrial Ángel Fenoll, su número dos, Javier Bru, y su hijo, Antonio Ángel Fenoll.

Ni la juez ni el fiscal sacaron a colación nombres propios de políticos ni empresarios

El interrogatorio del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y la magistrada Nuria Soler, titular del juzgado número 3 de Orihuela, a los seis arrestados por la grabación del supuesto soborno de la basura, se amplió a otros asuntos, entre ellos el plan zonal de residuos sólidos de La Vega Baja y la financiación de la campaña electoral del PP u otros partidos, según han confirmado a este periódico fuentes del caso. En determinados pasajes de la comparencia de Fenoll y Bru ante la juez la tarde del pasado sábado, el fiscal formuló preguntas directas al empresario sobre si éste había ayudado económicamente a la campaña electoral y si había ofrecido cantidades de dinero por la adjudicación de las dos plantas de basuras que la Diputación de Alicante prevé ubicar en La Vega Baja, donde Fenoll explota de manera irregular dos vertederos.

Esas mismas fuentes aseguran que en ningún momento del interrogatorio, que se prolongó por espacio de seis horas, ni la magistrada ni el fiscal sacaron a colación ningún nombre propio de políticos o empresarios supuestamente extorsionados por Fenoll y sus colaboradores o a los que el industrial les hubiera ofrecido cantidad alguna de dinero a cambio de futuras adjudicaciones. Simplemente, se le limitaron a preguntar al detenido si había intentado “influir en la voluntad” de algún político para lograr contratos o si había “ofrecido dinero” con el mismo fin.

Tras el interrogatorio, la juez, a propuesta de fiscal, acordó el ingreso en prisión de Ángel Fenoll, su apoderado, Javier Bru, a su vez concejal electo del PP en la localidad de Albatera, y su hijo, Antonio Ángel Fenoll. La medida de la magistrada provocó la protesta de las defensas de los arrestados al considerar que “no existían suficientes pruebas” que la justificaran.

Antes de la comparencia de estos tres arrestados, la juez tomó declaración al hermano de Fenoll, un hijo de éste y el detective privado que colaboró con el industrial para grabar reuniones con otros empresarios y políticos locales. La juez decretó para los tres la libertad provisional previo pago de fianzas de 30.000, 15.000 y 6.000 euros, respectivamente.

Aparte de la grabación que ha dado origen a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, Fenoll ha hecho gala en repetidas ocasiones de tener en su poder otras cintas comprometedoras para cargos públicos y empresarios. En la reunión donde hizo la grabación, el portavoz del Centro Liberal en Orihuela, Jesús Ferrández, confesó a Fenoll que una de las firmas aspirantes a la contrata, Urbaser, había ofrecido a concejales de la corporación tres millones de euros por la adjudicación.

El empresario, que también optaba al concurso, difundió esa cinta, el 21 de marzo de 2006, justo un día después de que la mesa de contratación municipal puntuara en primer lugar la oferta de Urbaser, mientras la de Fenoll quedó tercera. En la misma grabación Ferrández dijo: “Medina [alcalde de Orihuela] podría haber sido más feliz teniéndome a mí mangoneando por detrás”. Y añadió: “Ellos, como empresa UTE [Urbaser y San Altonio], tienen interés en el plan zonal, según dicen, eso me lo ha dicho El Papeles [dueño de la constructora San Antonio]“.

Por otro lado, al día siguiente del encarcelamiento de Fenoll, su letrado José Luis Zambudio anunció que ayer presentaría un recurso para solicitar el excarcelamiento del empresario mediante el pago de una fianza. No obstante, este periódico no pudo contactar con el letrado para verificar si había presentado o no el recurso.

Mientras, el defensor de Javier Bru, el letrado Mariano Bo, aseguró que solicitará a la juez el levantamiento del secreto sumarial que ordenó nada más iniciar la investigación, “con el fin de estar en posición de igualdad con el ministerio público”, puntualizó en declaraciones a la agencia Efe. “Debe restablecerse el principio de igualdad de las partes, que pasa por el hecho de que la Fiscalía y la defensa conozcan el contenido íntegro de las diligencias”, añadió. Este letrado también anunció que en los próximos días presentará un recurso para pedir la libertad bajo fianza de su cliente.
Promiscuidad entre los negocios y la política

Ángel Fenoll (natural de la localidad murciana de Santomera) ha desarrollo un floreciente negocio en la vecina comarca alicantina de La Vega Baja desde mediados de los ochenta a la sombra del poder local, especialmente del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta. Su irrupción en el negocio de la basura se produjo en 1988, cuando el entonces alcalde, Luis Fernando Cartagena, le adjudicó a dedo la recogida de la basura en las playas del municipio. En la actualidad Fenoll, a través de las firmas Colsur y Proambiente, explota el servicio de recogida de basuras en 21 municipios de la provincia de Alicante.

El polémico industrial siempre ha negado que sea militante con carné del PP, pero sus vínculos con la formación conservadora en Orihuela son evidentes. El empresario es socio de la TV local Canal 34, afín a los postulados de los populares oriolanos.

Fenoll, fiel al grupo gobernante tampoco duda en distinguirse en favor de uno u otro bando si surge la división. En el enfrentamiento entre campistas y zaplanistas en el seno del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Orihuela durante el mandato que ahora expira, Fenoll se decantó por la segunda opción, la liderada por la alcaldesa electa Mónica Lorente. La promiscuidad entre los negocios y la política era tal que la participación de Fenoll fue clave para la victoria de Lorente en la asamblea local del PP oriolano en julio de 2006. Lorente desbancó de la presidencia local a José Manuel Medina gracias a los votos de los militantes de la pedanía de La Aparecida reclutados por el empresario.

En paralelo al engorde de su actividad empresarial, Fenoll acentuó otra práctica rayana en la ilegalidad que refleja su desconfiado carácter: grabar todas las conversaciones comprometidas que mantenía con sus mentores políticos o con empresarios rivales. Una de las últimas grabaciones, la del supuesto soborno por la nueva contrata de la basura, le ha acarreado su ingreso en prisión.

El industrial llegó a grabar hasta los consejos de administración de la TV Canal 34. Todas esas cintas están ahora en poder del juzgado merced a los registros en las oficinas de sus empresas y en su domicilio particular el pasado miércoles por parte de los agentes de la brigada de la policía de delitos económicos de Alicante.

Fenoll había eludido hasta ahora la cárcel por los pelos. El industrial acumula tres condenas firmes, aunque nunca con penas superiores a dos años por delito. Una de las condenas fue por comprar votos para el PP en los comicios municipales de 1991, otra por tenencia ilícita de armas y una tercera por falsificar facturas en el caso de las monjas [apropiación por parte del ex alcalde Cartagena de una donación de 49.000 euros de una religiosas al Consistorio].

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 05/06/2007
El País

La mayoría de los empresarios investigados por el pago de comisiones a la trama de corrupción municipal de Telde, ayuntamiento gobernado por el PP, han confesado la entrega de sumas en efectivo al recaudador de la ex concejal de Obras, Toñi Torres, presunta cerebro de la red. Su testimonio está reforzado por decenas de grabaciones y por la confesión de los dos principales intermediarios que usó dicha edil para exigir a las firmas sobornos para sí y para el partido. Según la respuesta de las empresas, les premiaban con contratos o les castigaban con retraso en el pago de facturas.

Los empresarios que han confesado el pago de comisiones en el caso Telde, según figura en el sumario al que ha tenido acceso este periódico, son los siguientes.

- María Luz Navarro, representante de Servicios Comunitarios de Telde. Fue la primera en denunciar la exigencia de la concejal de Obras Toñi Torres de comisiones ilegales a cambio de contratos. Dicha edil, con refrendo de la comisión de Gobierno, le otorga el 10 de noviembre de 2003 una obra para ensanchar aceras en Telde por 98.870 euros a Servicios Comunitarios. Al día siguiente, Francisco Gordillo, el cobrador de los peajes de Torres, se entrevista con María Luz Navarro. “Y le comunica que debe abonarle 19.714 euros por haber sido la adjudicataria de la misma (es decir, un 20% del presupuesto de la obra)”. Ella dcide ignorar tal petición.

Su empresa va haciendo las obras adjudicadas y presenta para su cobro certificaciones en febrero y marzo de 2004. Pero el ayuntamiento retrasa su pago. La empresaria pregunta por la demora y se topa con la reclamación de la comisión. “Gordillo le responde que la empresa no había procedido al abono de la cantidad solicitada [comisión] en su día, reiterando en ese momento la solicitud”. Gordillo le indica que “para que pudiera cobrar tenía que darle algo, que se lo metiese en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento”. La empresaria, ante la necesidad de cobrar sus obras, entrega 6.000 euros a Gordillo en el propio despacho de Torres el 2 de abril de 2004 en un sobre dentro de una carpeta. “Señor Gordillo estos son los documentos que usted me pidió”, le dice. María Luz confiaba en que ese pago desbloquearía sus certificaciones de obra y que no le reclamarían el resto de la comisión exigida. Se equivocaba.

Cuando reclama su última certificación por 32.778 euros, el ayuntamiento sólo le reconoce obras por 15.953 euros. Una diferencia de 16.824 euros, un calco de su deuda ilegal pendiente. María Luz no tiene ya dudas: el ayuntamiento le estaba cobrando el resto de la comisión impagada. Posteriormente, concursa por un proyecto, y su empresa no resulta adjudicataria, pese a ofrecer mejores condiciones. María Luz pregunta a Gordillo por qué su empresa fue rechazada y le despeja toda duda: “¡Haber pagado lo que debías!”. María Luz denuncia tales hechos en julio de 2005 a la policía y da pie a la apertura del caso Telde tras ratificar su relato ante el juez.

- Antonio Nadal Moreno, directivo de Cobra Instalaciones y Servicios.

Este directivo detalla al juez que para su crecimiento empresarial en Canarias contrató al hijo de Francico Gordillo, el asesor de la concejal Toñi Torres, y que “se empezaron a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento”.

Las entregas se hacían de Gordillo hijo a Gordillo padre, siempre en efectivo y en un sobre. Calcula que desde finales de 2004 a principios de 2005 abonó comisiones por valor de 120.000 euros. “Me dijeron que el destinatario era el partido, interpretando que era el Partido Popular”. En el momento de su detención, la policía requisa un sobre con tales pagos en la sede de Cobra. “Estaba destinado al pago de estas cantidades, pero estaba retenido en la empresa. El motivo del pago era seguir contratando”. Gordillo padre o hijo le indicaban que el Ayuntamiento había abonado su factura. Ése era “el modo en el que presionaban para que pagara [la comisión]“.

- Felipe Ojeda Pérez, dueño de la ferretería Felipe y Nicolás. Su relato es diáfano: “Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido”. Sus entregas se hacían en efectivo, una vez que el Ayuntamiento de Telde abonaba sus facturas. Calcula haber pagado unos 120.000 euros en comisiones. Este empresario revela que financió directamente obras en la sede del PP en Telde. “Gordillo le propuso que los gastos de materiales destinados a la nueva sede del PP relativos a 20.000 euros por una compra de aire acondicionado, 3.900 por la compra de un techo, 800 euros por una compra de baúles, 140 por rodapiés, y 200 euros para esquineros fueran pagados con pedidos del Ayuntamiento no servidos”.

- Abelardo Martínez Ripoll, directivo de Dragados. Este empresario reconoce haber pagado comisiones ilegales a la trama municipal para poder cobrar sus certificaciones de obras, ya que el Ayuntamiento de Telde, con su alcalde a la cabeza, el popular Francisco Valido, “incumplía sistemáticamente su promesa de pago en breve”. Cifra en 60.000 euros el peaje entregado a Gordillo, que “le dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después”.

- Alejandro Navas, directivo y dueño de Mazzoti. Su empresa ha ganado tres concursos de obras en Telde en los que fue único licitador. Confiesa que pagó 180.000 euros a Francisco Gordillo en concepto de comisión. “Tenían un pacto desde 2004 sobre la construcción del aparcamiento consistente en que si se adjudicaba la obra él pagaría entre un 3% a un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión”. Gordillo le explicaba que “esa cantidad era para la jefa y otros”. No duda que la jefa era Toñi Torres.
LAS CONFESIONES DE LAS EMPRESAS QUE PAGARON A CAMBIO DE RECIBIR CONTRATOS O COBRAR OBRAS QUE REALIZABAN

Servicios comunitarios de Telde. “Cuando nos adjudicaron la obras, el asesor de la concejal, Gordillo, nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios (es decir, un 20% del presupuesto de la obra). Como al principio no abonamos esta cantidad, dejaron de pagarnos la certificación de Obras y cuando reclamamos este dinero, el asesor de la concejal de Obras me dijo que para cobrar [los trabajos realizados] tenía que darle algo, que se lo metiera en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento”.Cobra Instalaciones y Servicios. “Empezamos a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento”.Ferretería Felipe y Nicolás. “Tenía que pagar a Francisco Gordillo [asesor de la concejal de Obras] una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar el partido”.Dragados. “El Ayuntamiento de Telde incumplía sistemáticamente su promesa de pago [de las obras que hacíamos] en breve. Tuvimos que pagar 60.000 euros como peaje entregado a Gordillo [asesor de la concejal de Obras], que nos dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después”.Mazzoti. “Teníamos un pacto desde 2004 sobre la construcción de un aparcamiento consistente en que si se nos adjudicaba la obra, pagaríamos entre un 3% y un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión. Gordillo [asesor de la concejal de Obras] nos decía que esa cantidad era para la jefa y otros”.

EL PAÍS - Alicante - 04/06/2007

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el industrial Ángel Fenoll, afín al PP, es la punta de lanza de la trama de corrupción político-empresarial de Orihuela, según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación. Fenoll fue detenido el miércoles junto a otras cinco personas y, tras prestar declaración, fue enviado a prisión el sábado por la noche por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. La Fiscalía pretende desentrañar, con toda la documentación incautada durante los registros realizados el miércoles, la trama de corrupción que rodea el negocio de las basuras en esta localidad de La Vega Baja. La operación partió de una denuncia del Fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, para esclarecer un supuesto soborno por la contrata de basura en Orihuela recogido en una grabación que Fenoll difundió en los medios de comunicación. La titular del juzgado número tres de Orihuela abrió las diligencias que concluyeron el miércoles con las seis detenciones y con el posterior traslado a prisión, el sábado, de Fenoll, de su hijo y socio, Antonio Ángel Fenoll y de su apoderado, Javier Bru, concejal electo del PP en Albatera. Los otros tres detenidos, el hermano del industrial, su sobrino y el detective que supuestamente grabó las conversaciones entre Fenoll y el ex portavoz del Centro Liberal de Orihuela, Jesús Ferrández, salieron en libertad con cargos y tras pagar fianzas de 30.000 euros, 15.000 euros y 6.000 euros respectivamente.

Las detenciones, según fuentes del caso, podrían estar relacionadas también con la adjudicación del plan zonal de residuos de Alicante para la zona XVII (La Vega Baja), a la que optan cinco propuestas. El concurso está pendiente de adjudicación, según aseguraron ayer diversas fuentes. El plan zonal prevé ubicar dos vertederos en las pedanías oriolanas de Torremendo y La Murada, dos puntos en los que ya funcionan sendas plantas de recogidas de basura propiedad de Ángel Fenoll. El industrial abrió estas instalaciones sin permisos y, ya en 2003 los socialistas en el Ayuntamiento de Orihuela denunciaron que el plan zonal pretendía “dar carta de naturaleza” a estas dos plantas puestas en marcha por Fenoll “de manera clandestina y con el beneplácito del gobierno del PP”.

En relación con el vertedero de Torremendo, de hecho, la titular del juzgado número 5 de Orihuela dictó el 9 de mayo un acto de imputación por presuntos delitos de prevaricación y falsedad administrativa contra ocho ediles del PP de Orihuela por autorizar esta instalación a Ángel Fenoll. La decisión se tomó a raíz de una querella presentada por un grupo de vecinos, que consideran que el Ayuntamiento otorgó el permiso sobre la base de una documentación falsa.

Por otro lado, el sábado por la noche, el abogado que se encarga de la defensa de Ángel Fenoll aseguró que hoy solicitará la libertad bajo fianza para los tres encarcelados.